conocida como La ley de Garantías electorales es una norma que consta de 38 artículos reglamenta desde las prohibiciones que tienen los funcionarios públicos para participar en política hasta el monto que pueden gastar en publicidad los candidatos, busca evitar que los actuales gobernantes influyan en las elecciones a través de apoyo político, logístico o económico con los candidatos de sus partidos de cara a las elecciones de autoridades locales el próximo 30 de octubre.

El artículo 33 de la Ley 996 o de garantías electorales por ejemplo, restringe durante los cuatro meses anteriores la contratación pública y congela la nómina para evitar que se utilicen estos mecanismos en favor de determinado candidato.

Los alcaldes, gobernadores y los miembros de su gabinete no podrán celebrar contratos, ni ejecutar recursos públicos para actividades proselitistas. Tampoco podrán inaugurar obras públicas, ni organizar reuniones de carácter social o comunitario con la presencia de los candidatos, sus asesores o emisarios.